El Ministerio de Vivienda registró ayer en el Congreso el proyecto de Ley de Fiscalidad Habitacional: recargo estatal del 50 % en el IBI para casas vacías más de dos años y deducción de hasta 1.200 € anuales para propietarios que alquilen por debajo del índice de referencia.
La ministra Luz Martín afirma que «no hay libertad de mercado cuando 3,4 millones de hogares destinan más del 30 % de sus ingresos a pagar techo». Para ASVAL y los grandes fondos, la medida «criminaliza la inversión».
El texto incluye el Bono Alquiler Joven+: ayuda directa de 350 €/mes hasta 30 años y microcréditos a cooperativas de coliving sin aval bancario.
El geógrafo urbano Gerardo Pisarello vincula fiscalidad y oferta: «Gravar el vacío estimula la salida al mercado y evita expropiaciones traumáticas». La experiencia de Barcelona (2019) muestra un descenso del 14 % en viviendas deshabitadas en tres años.
En la calle, plataformas como La Pah convocan para este sábado una «cacerolada hipotecada»: exigirán topes al alquiler turístico y más vivienda pública. El desafío será medir el impacto real: si el impuesto eleva la oferta sin disparar los precios, podríamos estar ante la mayor reforma desde la LAU de 1994.
